La Secretaria para la Administración Pública se compromete a buscar alternativas dialogadas que permita al personal laboral propio trabajar con el aplicativo Hermes en las oficinas SAE

UITA ha denunciado el trato discriminatorio con respecto al personal laboral del VI Convenio

La sección sindical de UITA en el SAE ha denunciado ante la secretaria general para la Administración Pública, Ana María Vielba, el trato discriminatorio que lleva sufriendo el personal laboral propio (fundamentalmente los trabajadores del convenio FAFFE y UTEDELT) por la imposibilidad de realizar labores de intermediación en las oficinas SAE, ya que desde 2012, se retiró el acceso a HERMES, aplicativo que permite la gestión de la demanda de empleo entre otros servicios.

En este sentido, la sección sindical presentó a la secretaria un informe, elaborado por el sindicato, donde se desmonta la “instaurada” creencia por parte de los responsables políticos de que el aplicativo HERMES entra dentro de las funciones que son potestad pública.

Este informe no sólo pone de manifiesto que el uso de HERMES no es una potestad pública, sino que se denuncia el trato discriminatorio que sufre el personal laboral propio con respecto al personal laboral de VI Convenio de la Administración de la Junta de Andalucía, ya que si es una potestad pública ¿Por qué el personal laboral del VI Convenio sí tiene acceso a Hermes?.

La secretaria para la Administración Pública se comprometió a tratar este asunto con las partes implicadas y buscar alternativas reales y dialogadas mientras se aprueba la Ley de Función Pública que dispondrá de un capítulo dedicado a especificar las potestades públicas en el ámbito de la Junta de Andalucía. Tal como ella misma comentó “mientras acordamos entre todos y todas y por supuesto con la normativa en la mano qué funciones son potestad pública, debemos buscar una solución provisional que permita mejorar la atención en el SAE”.

Hay que recordar que tanto el director gerente del SAE como el secretario general de empleo en reuniones mantenidas con este sindicato pusieron la vista en esta Ley de Función Pública como marco normativo para solucionar esta situación, que en muchos casos está generando confrontación entre trabajadores.

UITA mostró su preocupación por el servicio que se está dando a la ciudadanía en las oficinas del SAE por culpa de esta decisión tomada sin argumentos jurídicos y como consecuencia de la política del miedo instaurada desde el 2012 por las continuas denuncias judiciales emprendidas por algunos sindicatos de funcionarios.

Desde UITA continuaremos en la lucha, no sólo por poner en valor a nuestro personal si no por dignificar nuestro trabajo como empleados públicos que somos y pedimos la defensa por parte de los representantes políticos de los trabajadores del SAE por igual y sin dar pie como hasta ahora a ataques y situaciones discriminatorias.

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