La secretaria para la Administración Pública se compromete a intermediar con la Consejería para que el personal laboral propio pueda utilizar HERMES en las oficinas

Afirma que se está acelerando la redacción de la futura Ley de Función Pública pero no se prevé su aprobación hasta principios de 2021

La secretaria para la Administración Pública, Ana María Vielba, ha mostrado su total colaboración a terminar con el uso discriminatorio del aplicativo HERMES que impide al personal laboral propio de agencia SAE no poder realizar trabajos de intermediación en las oficinas de empleo. En este sentido, se ha comprometido a intermediar una solución con la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo mientras se aprueba la futura ley de función pública que dedicará un apartado a tratar el tema de potestades públicas.

UITA es la segunda vez que se reúne con la secretaria para tratar de forma monográfica el tema de potestades públicas en la agencia SAE. En el primer encuentro, se le entregó el informe elaborado por los delegados de UITA donde se desmonta cada uno de los argumentos que han sustentado que el uso de HERMES puede ser una potestad. En esta segundo, nos informó que ha iniciado contactos tanto con la dirección gerencia del SAE como con la Consejería para este tema, al objeto de poder darle una solución.

Desde el punto de vista de UITA esta situación no se sustenta jurídicamente. Lo único que hay es miedo a una denuncia por lo penal por parte del SAF, sin tener en cuenta el servicio deficiente que se da en la oficina por falta de trabajadores atendiendo a las demandas de los desempleados. Y la solución para este servicio deficiente es contratar a 500 personas más para realizar labores que pueden desarrollar el personal laboral propio.

Hay que tener en cuenta que en estos momentos por esta discriminación hay afectadas más de 1.200 personas (de forma directa o indirecta), el 65% del total de personal laboral propio.

Por ello, UITA no va a cesar en su empeño. De hecho ya está estudiando acciones legales contra este verdadero acoso y discriminación de la Consejería. Primero las agencias de colocación y ahora 500 personas más que tendrán acceso a Hermes sin que nadie de nuestro colectivo, declarado por sentencia del Tribunal Supremo, empleado público, pueda realizar esas labores.

Futura ley de Función Pública
Si todo sigue sus trámites, a principios de 2021 estaría la futura Ley de Función Pública, que recogería un apartado dedicado a las potestades públicas. Para ello, se ha creado una comisión redactora de la ley donde se ha contactado con expertos en la materia. En este sentido, lo que han visto, haciendo un análisis comparado con otras comunidades autónomas y países, que lo que es una potestad está claro, dónde se encuentra el problema es en definir si todas las tareas auxiliares, técnicas y de apoyo entran en el ámbito de potestad. La propuesta es que la ley, antes de enviarla a Parlamento, tenga el visto bueno de los sindicatos mayoritarios, aunque también pretenden realizar una ronda de contactos con el resto de sindicatos entre los que se encuentra UITA.

Esta ley también podría abrir la posibilidad de negociación de un convenio marco para todo el sector instrumental, una reclamación de UITA desde el inicio al que se han sumado, en los último años, algunos sindicatos mayoritarios. Según nos comentó, estamos valorando la posibilidad de recoger un artículo con este asunto. Es fundamental, según comentó la secretaria, la posibilidad de ir equiparando condiciones laborales y también haría más fácil la movilidad entre agencias.

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