El pasado 24 de julio nos reunimos con el Defensor del Pueblo Andaluz para transmitirle nuestro más rotundo rechazo a la aplicación de los recortes que los Gobiernos de Andalucía y España están anunciando y aplicando a los trabajadores de los Entes Instrumentales de la Junta de Andalucía. Así mismo, se ha solicitado su intervención ante una situación que calificamos de INJUSTA, INEFICAZ, INSOSTENIBLE Y LESIVA.
TODOS LOS RECORTES, vengan por la derecha, por el centro o por la izquierda, suponen un golpe demoledor a nuestra ya maltrecha economía, que viene soportando las embestidas de la crisis de los últimos años. TODOS se enmarcan dentro de la excepcionalidad del momento, del “imperativo legal”. La situación es muy grave. La realidad es que los ciudadanos seguimos perdiendo derechos y poder adquisitivo cada día de forma escandalosa.
Durante la reunión hemos manifestado nuestra preocupación por la situación que generará la aplicación del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio y del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de los gobiernos autonómico y estatal respectivamente, sobre las economías de los trabajadores que una vez más, volverán a sufrir directamente la arremetida de los recortes salariales y sociales más duros de la historia de la democracia.
Hemos manifestado el carácter inconstitucional y discriminatorio de algunos artículos de los mencionados Decretos, así como la situación de extrema gravedad económica que se generará en muchas familias andaluzas al verse reducidos sus ingresos en más de 10%.
Cada día somos menos los que tenemos la suerte de trabajar, y por desgracia, seguimos siendo el objetivo de cualquier recorte planteado por cualquier Administración.
Hemos solicitado oficialmente la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz ante la situación de indefensión manifiesta en la que nos encontramos todos los trabajadores de los Entes Instrumentales de la Junta de Andalucía, a los que UITA representa. Le hemos emplazado a que tome cartas en el asunto en defensa de miles de trabajadores y sus familias y esperamos que actúe en el legítimo ejercicio de sus competencias como Defensor del Pueblo Andaluz, para la resolución razonable y satisfactoria de los problemas que le hemos planteado.
